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El candidato presidencial Roberto Sánchez, firmó el 12 de mayo de 2026 un “compromiso político-social” con la FENATEPERÚ, sindicato vinculado históricamente al Movadef. El pacto fue difundido por el diario Perú21 en la recta final de la campaña electoral, días antes de la segunda vuelta, y generó un aluvión de reacciones en el escenario político nacional.

Una publicación viralizada en la plataforma TikTok el pasado 29 de mayo alertó sobre un presunto intento de fraude electoral, acusando a los capacitadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de recolectar firmas y números de Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera sospechosa. La descripción del video asegura que estos datos civiles serían utilizados para falsificar las actas de sufragio durante la Segunda Elección Presidencial celebrada hoy, domingo 7 de junio. Sin embargo, la denuncia carece de sustento documental o pruebas materiales que demuestren un uso ilícito de la información recopilada.

Roberto Sánchez presentó en Lima sus principales propuestas de cara a la segunda vuelta electoral del 7 de junio. Entre los planteamientos que han marcado la etapa final de su campaña destacan el otorgamiento del indulto a Castillo, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, entre otros. Según su agrupación política, estas medidas permitirían reemplazar el modelo económico vigente desde 1993 y fortalecer la soberanía nacional sobre los recursos del país.

El abogado de Juntos por el Perú, Duberlí Rodríguez, admitió que la nueva propuesta de gobierno impulsada por Roberto Sánchez no está registrada oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Según explicó, el documento difundido durante la campaña de balotaje tiene un carácter político y no reemplaza al plan presentado en la primera vuelta.

Una verificación realizada a partir de información judicial y fiscal confirmó que los estudios universitarios de Keiko Fujimori y sus hermanos en Estados Unidos fueron financiados con fondos ilícitos provenientes del Estado durante el gobierno de Alberto Fujimori. La investigación determinó que el dinero utilizado procedía de recursos administrados por el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos a través del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).