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Durante la segunda vuelta electoral del 7 de junio de 2026, diversas publicaciones en redes sociales afirmaron que un hombre intervenido en el distrito de Los Olivos por presuntamente manipular cédulas de votación actuaba como personero de Juntos por el Perú. La información se difundió rápidamente lo que generó cuestionamientos sobre una posible responsabilidad directa de la organización política en los hechos ocurridos.

Un contenido que circula en la red social X (antes Twitter) afirma que se han detectado "8 IPs conectadas al servidor/coladera de la ONPE" y señala una dirección física específica en el distrito de San Isidro como presunta prueba de una manipulación electoral. Sin embargo, esta afirmación carece por completo de sustento y evidencias.

Los registros audiovisuales y el acta fiscal corroboran que las anomalías correspondían a Fuerza Popular, no a la agrupación señalada por el diario.

Las advertencias que anticipan un escenario de colapso económico e institucional ante una eventual victoria de Roberto Sánchez carecen de respaldo en estudios técnicos independientes, modelos econométricos verificables o análisis comparados que permitan equiparar la situación peruana con las experiencias de Venezuela, Bolivia o Cuba. Diversos informes muestran que las condiciones estructurales del Perú actual difieren significativamente de aquellas que precedieron las crisis registradas en dichos países.

Roberto Burneo rechazó las acusaciones de presunto fraude electoral durante la segunda vuelta presidencial y afirmó que las incidencias reportadas fueron atendidas conforme a los mecanismos establecidos por la normativa electoral